Mecanismos jurídicos que debe implementar el estado peruano para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el distrito de Cajamarca

Abstract

La presente investigación surge sobre la base de la siguiente interrogante ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que debe implementar el Estado peruano para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en la provincia de Cajamarca?, por lo que, dando respuesta a dicha pregunta surge nuestro objetivo general que es determinar los mecanismos jurídicos que debe implementar el Estado peruano para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el distrito de Cajamarca. Ese orden de ideas, nos ha permitido esbozar los siguientes objetivos específicos el de señalar la forma de protección de los derechos de las personas con discapacidad a la luz del marco normativo nacional y latinoamericano; analizar las barreras que afectan los derechos humanos de las personas con discapacidad que requieren una mayor tutela a la luz de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; indagar sobre el contexto jurídico y social de las personas con discapacidad en el Distrito de Cajamarca; y finalmente formular una propuesta legislativa que regule los mecanismos jurídicos que debe implementar el Estado peruano para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Por lo que, realizando una investigación de tipo cualitativa, básica y descriptiva, con un diseño no experimental. El método a utilizar será de tipo dogmático y hermenéutico. Los resultados a los que se arribó es que los mecanismos jurídicos que debe implementar el Estado peruano para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en el distrito de Cajamarca, son el de mejorar el acceso a servicios fundamentales (salud, educación y trabajo) que garanticen la efectiva protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, adoptar una política pública asistencialista y garantista de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y promover una mayor incidencia socio - política a nivel regional o local en pro de los derechos de las personas con discapacidad.